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| Más de 5 mil funcionarios no han declarado |
| Miércoles 28 de Julio de 2010 02:42 |
 Sumando los funcionarios de la anterior gestión del Ejecutivo y de las alcaldías son siete mil funcionarios o ex funcionarios que no han declarado sus propiedades y bienes, tal como la Ley de enriquecimiento ilícito los obliga.Yolanda Magaña
Diario El Mundo Un total de siete mil 15 funcionarios de la gestión de Mauricio Funes y de Antonio Saca, de alcaldías, Organo Judicial y Ministerio Público, no han declarado sus bienes en los primeros 60 días después de la toma de posesión como se los exige la “Ley de enriquecimiento ilícito”. Así lo indica un informe de declaraciones hasta el 7 de julio de 2010 por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instancia que intenta determinar si funcionarios se enriquecen ilícitamente mientras están en cargos públicos. Solo en los ministerios de la gestión del Presidente Mauricio Funes hay tres mil 300 funcionarios o empleados públicos obligados a declarar sus propiedades que no lo han hecho en el periodo correspondiente. Se suman los 1 mil 542 funcionarios de instituciones autónomas que tampoco han declarado, así como 17 funcionarios de la Presidencia de la República y cuatro de la Secretaría de Inclusión Social. El artículo 5 de la Ley de enriquecimiento ilícito obliga a presentar una declaración jurada del estado de su patrimonio a los presidentes de los tres órganos del Estado, al vicepresidente de la República, diputados propietarios y suplentes, ministros y viceministros, secretarios de la Presidencia, presidentes, directores y gerentes de autónomas, así como funcionarios y empleados públicos que manejen fondos mayores de mil colones mensuales. También están obligados magistrados de la CSJ, de la Corte de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral, procuradores, fiscales, directores y subdirectores generales, así como el rector y vicerrector de la Universidad de El Salvador, decanos, alcaldes y concejales. La Sección de Probidad tiene que comparar con cuánta riqueza toman posesión de sus cargos y con cuánto salen. Por ello, la ley les exige, en el artículo 3, declarar en un plazo de 60 días siguentes a que tomen posesión de sus cargos. Si no lo cumplen, la Corte puede sancionarlos con multas de $11.43 a $571.43, dándoles un nuevo plazo. Los más incumplidos Las carteras de Estado con mayor proporción de funcionarios o empleados incumplidos, en cuanto a confesar sus bienes, son los ministerios de Gobernación, Educación y Hacienda. En Gobernación no ha declarado el 90.3% del personal obligado; ha declarado apenas un 9.7%, es decir, 15 funcionarios. En el Ministerio de Hacienda, los incumplidos son el 89.2% de los funcionarios obligados. El informe de la Sección de Probidad indica que 306 empleados o funcionarios que manejan fondos no han declarado. Solo 37 personas lo han hecho. Y, en Educación, el 87.3% no ha presentado su declaración obligatoria, es decir, dos mil 331 personas. Han declarado solo 341 personas que trabajan en este Ministerio. Anterior gestión La Corte fue muy breve en cuanto a las declaraciones de patrimonio pendientes que corresponden a funcionarios del gobierno anterior. El informe se limita a detallar que 1 mil 211 funcionarios salientes no han declarado sus bienes, 130 de los cuales se ubican en ministerios. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia respondieron ayer, en conferencia de prensa, que la Sección de Probidad aún no ha detectado indicios de enriquecimiento ilícito en ningún funcionario de la gestión gubernamental anterior. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Belarmino Jaime, alega que la actual ley es débil y que se requiere una nueva normativa. Aunado a ello, el magistrado Rodolfo González Bonilla explica que la ley debe imponer multas más severas, pero también considera que se debe devolver la facultad de pedir informes financieros a las instituciones bancarias, en investigaciones específicas de enriquecimiento ilícito. “Yo no sé si de repente tenemos que volver a discutir el tema y volver a darle la facultad de pedir informes, de detectar aumentos desproporcionados, al jefe de la Sección (de Probidad) para que se nos reporte a Corte plena, para que el caso esté bastante cocinado”, expresó. El funcionario dijo que ese es un tema que aún no se ha puesto en agenda de Corte plena, pero sugiere que, antes de analizar diferencias de patrimonios, hay que discutir qué instancia debe tener la facultad de pedir informes financieros de funcionarios investigados por enriquecimiento. Esta facultad se quitó al jefe de la Sección de Probidad durante la gestión de Agustín García Calderón. Magistrados dicen combaten el nepotismo y la corrupción
Redacción dem
Diario el mundo Cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia presentaron ayer un informe de su primer año de trabajo. El presidente de la Corte aseguró que se ahorraron $150 mil en viajes y viáticos y se suprimieron publicaciones como “Podium”. Aseguró que se ha combatido el nepotismo. “En el momento que ingreso a la Corte, yo les decía, tal vez duramente, que parecía casi una empresa familiar porque van a ver ustedes a funcionarios del más alto nivel, que trabaja la esposa, que trabajan los hijos, que trabajan los primos”, dijo. Jaime prometió que no ocultará los problemas que hay dentro de la Corte. Informaron que la Sección de Investigación Judicial tiene 75 casos de posible corrupción contra jueces. El funcionario prometió que estos casos serán resueltos en Corte plena. Además, recordó que la falta de recursos en la Sección de Traslado de Reos generó la suspensión de 22 mil audiencias. Opina que esta sección no debería ser asumida por la Corte. |
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Resolución recomendada 1024 x 768.
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Hubieran puesto de portada a Saca port que ese si supo hacer con nuestros impuestos
Si Hacienda hiciera su trabajo con mano justa, muchos de estos "camotes con corbata", ni se postularan a ningun cargo publico.
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