La Fiscalía General de la República llegará a la vista pública con deficiencias probatorias ya que testigos claves y pruebas contundentes no fueron admitidos.

Carlos Miranda fue enviado a juicio por el secuestro agravado de su nieta Katya Miranda, el 4 de abril de 1999, en la playa Los Blancos, La Paz.

El abuelo de la menor es el único que deberá enfrentar la vista pública porque los otros cinco acusados de participar en el hecho quedaron absueltos de forma definitiva por el Juzgado 1o. de Instrucción de Zacatecoluca.
La jueza Miriam Salazar de Argueta, en su fallo, dijo que los ex mozos de la familia Miranda, Luis Alonso López y Juan Francisco Ramos, quedaban sobreseídos de forma definitiva porque el testigo criteriado “Camila” en ningún momento menciona que hayan participado en la planificación del plagio.

Lo mismo ocurrió con los acusados Nicolás Martínez Roque,  Alejandro Cañénguez y Santos Ricardo Soriano Martínez, quienes supuestamente integraban la banda de Rafael Cuenca, alias “El Palo”, contratado para participar en el hecho.

“A la luz de la sana crítica, la suscrita juez duda que dichas personas hayan participado en el delito que se les atribuye, ya que, en primer lugar, no se les ha individualizado en forma clara, concreta, precisa y coherente los roles que cada uno desempeñaría”, manifestó la funcionaria judicial.

Agregó que tampoco se comprobó que los cinco imputados hayan tenido algún beneficio económico o de otra naturaleza para participar en el secuestro. Les achacó a los fiscales del caso que tampoco hayan acreditado la estructura de “El Palo”.

La jueza ordenó que los cinco procesados quedaran en libertad inmediata, pero la Fiscalía pidió que decretara efecto suspensivo de esa medida mientras interpone un recurso de apelación ante la Cámara Penal de San Vicente, por estar en desacuerdo con la resolución.

Fiscalía llegrá desarmada

A la vista pública, la Fiscalía llegará desarmada ya que la jueza no admitió una considerable cantidad de prueba testimonial y documental, por considerarla impertinente. Al menos, 20 testigos fueron desechados, entre ellos seis con régimen especial y que fueron presentados como claves en el proceso. Solo podrán declarar “Camila”, Capricornio 1”, Samuel” y “Juan de la Cruz Ángel”. Mientras que a la defensa le admitieron todos los testigos, entre ellos Edwin Miranda, padre de la niña, y los ex fiscales del caso en el 2000.

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Sujetos asesinaron a Julio César Vásquez, de 31 años, ayer a las 5:30 de la mañana, mientras realizaba el primer viaje como motorista de un autobús de la ruta 52.

El hecho ocurrió sobre la alameda Juan Pablo II, a diez metros del portón sur de la alcaldía de San Salvador. Vásquez fue trasladado al hospital Rosales, donde murió.

El bus placas AB-70231 quedó sobre la acera con el motor encendido.

Compañeros de la víctima creen que el móvil del crimen fue el cobro de la renta.

Después del homicidio, los trabajadores de la ruta 52 autobús iniciaron un paro de labores indefinido.

Con este crimen suben a 93 los miembros del gremio transporte, asesinados en este año.

En otro caso, a las 7:50 a.m. detrás del Parque Memorial Las Colinas, en la calle El Guaje, Soyapango, se registró el homicidio de Miguel Ángel Rodríguez. La víctima, de 28 años, laboraba en ese cementerio como supervisor del personal. Supuestos pandilleros dispararon contra él. Del crimen aún no hay un móvil establecido ni capturas.

Una hora más tarde, Zoila América, de 30 años, fue balaceada. La mujer falleció sobre la calle Paraguay y Bulevar Venezuela, en el Barrio San Jacinto, San Salvador.

La policía dijo que no tenían un móvil establecido.