Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes indocumentados, la mayor parte de ellos hispanos. En todo EE.UU. se considera que residen 12 millones de indocumentados.

La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, entró en vigencia hoy aunque sin sus secciones más polémicas, después de que la jueza federal Susan Bolton ordenara ayer su bloqueo.

La medida representa una victoria para los críticos de la medida, que alegan que esa ley puede conducir a la discriminación racial, y para el Gobierno de EE.UU., cuyo Departamento de Justicia ha interpuesto una de las siete demandas pendientes contra esa norma.

Pero la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que promulgó la ley el 23 de abril, ya ha indicado que apelará contra el bloqueo, lo que promete abrir una larga batalla legal. La orden de ayer "es un pequeño obstáculo en el camino", indicó la gobernadora, que consideró que la sentencia "da la venia de los tribunales al Gobierno para no hacer su trabajo" de lucha contra la inmigración ilegal.

En su dictamen ayer en Phoenix, la jueza ordenó el bloqueo de tres provisiones clave, incluida la obligación de los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones. También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país.

Igualmente se suspende el apartado que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos. La jueza apunta que "hay una probabilidad sustancial de que los agentes detendrán erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley", conocida como SB1070.

"Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga 'extraordinaria, inusual y característica' a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer", añade el dictamen de la jueza.

El Departamento de Justicia "es probable que tenga éxito en su demostración de que la ley federal se impone sobre estos aspectos de la Ley SB1070", subraya la magistrada. Los fragmentos de la ley que fueron bloqueados ayer se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien.

Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes indocumentados, la mayor parte de ellos hispanos. En todo EE.UU. se considera que residen 12 millones de indocumentados.

Las encuestas apuntan a que la mayor parte de los estadounidenses respaldan la SB1070. No obstante, entre los hispanos la mayoría rechaza la ley y exige en su lugar una reforma migratoria integral. Con la victoria de ayer, los grupos pro-inmigrantes, que habían organizado ayer grandes protestas y, sobre todo, para hoy en distintos puntos de este estado, estudian ahora cómo actuar.

"Para nosotros es una victoria importante y la celebramos, aunque es pequeña porque queremos ver un cambio en las políticas represivas contra los inmigrantes en Arizona. Con el dictamen de la juez o sin él, seguiremos nuestras protestas y vigilias" dijo a Efe Nicole Torre, portavoz del grupo "Promise Arizona".

El Departamento de Justicia consideró que el bloqueo de las partes más polémicas de la medida es "la decisión correcta".

Según su portavoz Hannah August, "los estados pueden desempeñar y desempeñan un papel en la cooperación con el Gobierno federal, pero deben hacerlo dentro del marco constitucional" y eso es lo que reconoce la decisión de ayer. Sus colegas del Departamento de Seguridad Nacional se felicitaron también por la decisión que, dijeron, "ratifica la responsabilidad del Gobierno federal de velar por el cumplimiento de las leyes de inmigración del país".

En su dictamen ayer en Phoenix, la jueza ordenó el bloqueo de tres provisiones clave, incluida la obligación de los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones. También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país.

Igualmente se suspende el apartado que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.

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El alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, célebre por su dureza contra los delincuentes y los inmigrantes ilegales, afirmó que el dictamen de la jueza "no va a afectar" sus operaciones, "porque nada ha cambiado en la lucha contra la inmigración ilegal".

Arpaio dijo que quienes estén en EE.UU. de forma ilegal serán entregados a las autoridades de Inmigración y Aduanas. Pero el Gobierno Federal estaba aliviado tras la decisión de la jueza Bolton.

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El inmigrante salvadoreño Abelino Mazaniego estaba sentado en una banca en un exclusivo suburbio tras finalizar su turno en un restaurante. Al caer la noche, un grupo de adolescentes se le acercó y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Uno de los jóvenes traía un celular con una videocámara y grabó la golpiza.

La cadena de ataques sobre el cuerpo y la dignidad de Mazaniego resultaron en días de acciones en las cortes que culminaron el martes con la presentación de cargos de asesinato contra tres jóvenes de 17, 18 y 19 años.

Mazaniego era "un caballero muy jovial", dijo Colin Crasto, gerente y chef del restaurante indio Dabbawalla, donde la víctima trabajó durante tres años como asistente de cocina, en declaraciones a WNBC-TV de Nueva York. La grabación en vídeo hace que el crimen sea "más horrible", dijo. Khayri Williams-Clark, de 18 años, y un joven de 17 años no identificado, ambos de Summit, fueron arrestados ayer bajo cargos de homicidio sin premeditación. Williams-Clark se declaró inocente.

Las autoridades salvadoreñas afirmaron que se encuentran preparadas para hacerle frente a una posible deportación masiva de compatriotas, tras la implementación de la Ley Arizona, que entra en vigencia a partir de hoy.

El director de migración Rubén Alvarado, aseguró ayer que han redoblado los esfuerzos para darles una mejor atención a los compatriotas que ingresarían vía área y terrestre. “Existe una mejor coordinación en lo referente a la comunicación con sus familiares y el traslado en vehículos a sus lugares de origen”, dijo el funcionario.

Añadió que incrementarán más personal para recibir a los compatriotas en el aeropuerto, e igualmente aumentarán las dotaciones de alimentos.

Alvarado dijo que tratarán que los indocumentados que ingresen por los puestos fronterizos terrestres, se reúnan con sus familiares en esta capital. El lugar de concentración sería donde actualmente funciona un centro de atención para los indocumentados extranjeros, ubicado en la colonia La Chacra, al oriente de la capital. Agregó que las instalaciones, están siendo ampliadas para recibir a los salvadoreños.

Durante el presente año, Estados Unidos, ha deportado a 11,126 compatriotas por vía aérea y 6,938 por vía terrestre. De éstos, 4,548 con antecedentes penales.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores celebró ayer la decisión de la jueza federal Susan Bolton de bloquear algunas de las partes claves de la ley SB 1070 de Arizona que buscaban criminalizar la migración indocumentada y que podrían haber derivado en la discriminación de las personas a raíz de su aspecto físico u origen étnico.

El canciller Hugo Martínez señaló que “la decisión de la jueza Bolton refleja que ha prevalecido la legalidad y el respeto a los derechos humanos.”

La decisión de la jueza Bolton deja sin efecto las secciones que facultaban a la policía estatal de Arizona a detener a una persona si tenía una “sospecha razonable” de que se encontraba en forma indocumentada, al tiempo que convertía en delito la no portación de documentos que acreditaran la estancia legal. El Salvador se adhirió este mes al recurso legal “Amigos de la Corte” que sometió México para evitar que la ley entrara en vigencia.

En diversas ocasiones, El Salvador ha reiterado su rechazo a esta legislación y externado su preocupación de que medidas similares puedan ser adoptadas en otros estados, ya que este tipo de leyes no abona a una discusión democrática sobre la necesidad de una reforma migratoria integral en Estados Unidos.

El canciller Martínez señaló que el gobierno de El Salvador seguirá apoyando una reforma migratoria integral, al tiempo que promueve el respeto a los derechos humanos.